ROSARIO.- Ángel Ochoa, está preso desde hace siete años por robo calificado y encubrimiento en varias causas. Está alojado en el Pabellón 20 del penal de Piñero, donde –según describió su abogado Alejandro Impallari– “desarrolló con su celular y un cuadernito” una start up que le interesó a Meta.
“Es una aplicación para conseguir mejores precios en supermercados, cines, gimnasios y distintos negocios”, explicó el letrado, que encontró este argumento “original” para pedir que Ochoa sea beneficiado con la detención domiciliaria en la casa de su madre, donde “montará su oficina” para cumplir con el contrato con esta multinacional, que le ofreció “300.000 dólares”.
“Él volvería a dormir a Piñero y la computadora estaría controlada siempre por funcionarios judiciales y policiales”, aclaró el abogado.
La historia tiene todo el aspecto de ser fruto de un embaucador, un timador, rol que cumplió Ochoa desde la cárcel, donde antes de desarrollar esta app compraba autos robados y los vendía por Marketplace desde el pabellón Nº20. Ahora, la misma red que usaba para ubicar los vehículos que adulteraba en el taller de un amigo y que los ofrecía en Facebook le habría mandado un precontrato para que desarrolle una aplicación que Ochoa creó en la sombra de la cárcel.
El nombre de Ochoa tuvo trascendencia pública el año pasado, luego de que la Policía de Investigaciones descubriera que este preso de 28 años había vendido desde el penal un Fiat Palio rojo, que usaron los sicarios para matar el 18 de noviembre de 2022 a Mauricio Cordara, chofer y hombre cercano del exdiputado y extitular de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) Pablo Ansaloni.
La trama reveló que el sicario, conocido como Calamar, se equivocó de víctima. El encargo era para ejecutar al dirigente gremial. Quien reveló el error del sicario fue el propio Ochoa en la cárcel, como publicó LA NACION.
El auto que se usó en el crimen de Cordara había sido robado en Esteban Echeverría, en el conurbano bonaerense, el 30 de agosto de 2022. De ahí fue para Rosario con una patente robada. Lo compró Ochoa desde el pabellón Nº20 de Piñero. En ese momento, quizá, a la par, emprendía en el terreno tecnológico.
Tres días antes del crimen, Ochoa recibió un mensaje al celular que tenía en la cárcel de parte de Fernando Burgos, un joven que buscaba un auto para cometer un delito. “Necesito uno como los de Miami. Es para hacer un trabajo y descartarlo”, le contó Burgos al genio emprendedor de tecnología, especialista en robo de vehículos.
Según los investigadores, la referencia a Miami tenía que ver con el juego GTA, que trata de ladrones de autos, y cuya sexta edición transcurre en esa ciudad norteamericana.
Ochoa le contestó que tenían un auto disponible, “un Palio rojo”. Estaba muy lejos de los Camaro que aparecen en el juego. Lo tenían “guardado” en un galpón en México y Nicaragua, en el barrio Empalme Graneros, uno de los más peligrosos de Rosario.
Con su teléfono celular, con el que luego dijo que desarrolló la app, Ochoa –de acuerdo a una escucha telefónica de la causa– reveló el yerro del sicario. “Le regatilló, pero le dieron al que no era”, dijo el recluso.
El comprador del auto, según la imputación que se realizó hace en febrero del año pasado, fue Burgos, que aportó el vehículo para que Iván Alonso y el sicario apodado Calamar fueran a ejecutar a Ansaloni.
Mientras conseguía autos que se usaban en crímenes ejecutados con sicarios, Ochoa se entretenía en la cárcel con emprendimientos menos violentos, que ahora, según admitió su abogado, “le cambiarán la vida”.
En diálogo con LA NACION, Impallari contó que “en los lugarcitos donde encontraba señal de celular, porque en algunos sectores hay inhibidores, Ochoa logró crear una aplicación, que él define como una genialidad y que puede cambiar el negocio de las compras por internet”.
“Por lo que él me comentaba, la función es nuclear absolutamente todos los servicios que podamos necesitar, y conseguir los mejores precios cercanos en cuestión de segundos por medio de la inteligencia artificial. Esto tiene un montón más de beneficios. Es superadora a todas las aplicaciones que usamos hoy en día”, dijo para vender a su cliente.
El letrado explicó que el preso, que está hace siete años en la cárcel, “logró este desarrollo con su teléfono y un cuadernito donde anotaba los algoritmos. Yo los vi y para mí parecen jeroglíficos”.
Impallari dijo que después de avanzar en el proyecto Ochoa envió a Meta un mail a la sección “desarrolladores”. “Fue pasando etapas hasta que hace unos días le informaron que logró superar el último nivel de admisibilidad, y que le harían un precontrato”. En el escrito que el abogado presentó en la Justicia se detalla que el monto de esa supuesta prestación es por 300.000 dólares.
El segundo capítulo –o, quizás, el primero– de esta historia transita por el beneficio que pretende obtener Ochoa en la cárcel de Piñero. Su abogado pidió que el recluso sea beneficiado con la detención domiciliaria para poder desarrollar su proyecto.
“Él no tiene problemas de que en la cárcel le monten un sector con todas las computadoras para trabajar. Como esto es complicado solicitó poder trabajar en la casa de su madre”. Porque, asegura el letrado, Ochoa dará trabajo a unas 50 familias.
El abogado admitió que “Meta no sabe que quien desarrolló esta app está preso. “Ochoa nunca les dijo que él había inventado este producto desde la cárcel”. Impallari contó que desde hace dos años representa legalmente a este preso y que conoce pocos detalles de su vida, solo lo que denotan sus antecedentes, una condena a 13 años por robo calificado y varios casos en los que aparece como participe secundario por la sustracción de autos que llevaba adelante con su celular desde el penal de Piñero.
“Él me dijo que después de terminar la secundaria hizo un curso de diseñador gráfico, que tiene un certificado que lo acredita, pero que su pasión siempre fue la tecnología. Aprendió mucho con su teléfono en la cárcel, donde tenía mucho tiempo”, afirmó el letrado, que afirmó que el plan de Ochoa es que si lograra desarrollar el contrato podrá resarcir al Estado.
“Ofreció 25.000 dólares para resarcir a sus supuestas víctimas, otros 25.000 a la Policía de Santa Fe por comprar autos de dudosa procedencia, otro monto al poder Judicial de la provincia por generar un dispendio jurisdiccional innecesario y un desgaste en la investigación de los delitos, 25.000 para los abogados defensores y 200.000 para todas las personas empleadas”, apuntó.
En el escrito judicial, el abogado también menciona que “este proyecto de aplicación será presentado a la brevedad ante el presidente Javier Milei”, que su gira en Estados Unidos mantuvo un encuentro con el CEO de Google, Sundar Pichai, y el de Apple, Tim Cook.