Con votos del oficialismo porteño y sus aliados, la Legislatura de la ciudad dio una primera sanción a la reforma del actual Código Urbanístico (CUR) que apunta a la preservación de los barrios con edificaciones bajas al llevar las grandes construcciones solo a las avenidas y avanza con la creación de incentivos para los desarrolladores en el sur capitalino.
El proyecto había sido enviado a la Legislatura el 30 de julio por la administración de Jorge Macri y debatido por los diputados durante el último mes y medio, tiempo en el cual se realizaron varias modificaciones al texto original a partir del intercambio con los distintos bloques políticos parlamentarios.
El texto obtuvo hace instantes 32 votos positivos –necesitaba 31– de Vamos por Más (que reúne al PRO y la Coalición Cívica) junto a las bancadas aliadas de la UCR, Confianza Pública, el socialismo, Republicanos Unidos y una facción libertaria.
En contra, votaron tres legisladores de La Libertad Avanza y tres del Frente de Izquierda; mientras que optaron por la abstención los integrantes del bloque de Unión por la Patria, sumados a tres diputados que responden a Patricia Bullrich y Marina Kienast, del Frente Liberal Republicano.
Este ajuste al Código Urbanístico requiere de una segunda aprobación ya que se encuadra en las normas denominadas de “doble lectura”, las que estipulan la realización de una audiencia pública para la participación ciudadana que, seguramente, se hará hacia fines de octubre, para luego regresar al recinto para una nueva votación.
Más allá de los criterios alcanzados en cuanto a la planificación urbana, existieron fuertes acusaciones en la previa a la sesión frente a la posibilidad de incorporar a último momento un artículo que buscaba restablecer la obligación de que los edificios de más de 25 unidades tengan una vivienda destinada a los encargados de la portería.
La propuesta impulsada por el bloque de Unión por la Patria y puesta en consideración en el marco de las negociaciones con el oficialismo porteño ocasionó un enfático rechazo de espacios como Confianza Pública, Coalición Cívica y la UCR. La amplia negativa a acompañar el artículo disparó acusaciones cruzadas, al punto de demorar el inicio de la sesión por más de cinco horas.
Cerca de las 18 hubo finalmente quórum en el recinto de la Legislatura, donde también circuló la versión final del proyecto en la que no estaba el apartado cuestionado.
El nuevo CUR impulsado desde el Ejecutivo busca dar una respuesta a la tensión generada en diversos sectores de la población porteña ante un notable incremento de construcciones en zonas de casas bajas que impactó en las identidades barriales.
Por ello, se reorganizaron las Unidades de Sustentabilidad de Altura Baja (USAB) –aquellas tipologías que regulan las edificaciones de hasta 14,60 metros–, que pasarán de ser tres escalas: USAB 0 (para construcciones hasta 9 metros), USAB 1 (hasta 12 metros) y USAB 2 (hasta 14,60). Así, se evitará la aparición de departamentos en altura en los barrios y se trasladará esa capacidad constructiva a corredores y avenidas.
También se recuperaron los centros libres de manzana, que son los espacios de suelo verde absorbente que habían sido limitados en el Código vigente desde 2018.
Otra de las reformas que esta primera lectura incorporó fue la herramienta conocida como “capacidad constructiva adicional”, que fomenta el equilibrio urbano a través de la revitalización de áreas en el sur de la ciudad a partir de un estímulo a los desarrolladores para que inviertan en esas zonas y reciban beneficios para emprender proyectos en polígonos con más densidad urbana.
La legisladora oficialista Paola Michielotto consideró que lo aprobado “es un primer paso para seguir trabajando” y destacó la importancia de “los cambios en las alturas de las construcciones que mejoran la transición de los centros barriales a los corredores y avenidas, preservando la identidad de los barrios”.
“Los verdaderos protagonistas de este trabajo son los vecinos. Fueron y seguirán siendo escuchados para llegar a los consensos necesarios”, destacó en relación a las modificaciones que se hicieron respecto de la redacción original del Ejecutivo.
Puntualmente, el trabajo legislativo dejó sin efecto la propuesta de poder construir edificios sin balcones en zonas residenciales; también fueron eliminados los polígonos señalizados en el capítulo de la “capacidad constructiva adicional” y se quitó la posibilidad de avanzar en los englobamientos de parcelas por encima de los 2500 metros cuadrados.
Como novedad, la redacción aprobada sumó la denominación como “áreas de desarrollo prioritario” a un sector del barrio de Constitución y el polo industrial de la avenida Avellaneda, en Flores, para estimular ambas zonas, que registran algún grado de deterioro urbano.
Otra incorporación que obtuvo el respaldo de la gran parte de los bloques fue la preservación como espacio verde de cuatro lotes localizados en el parque ferroviario de Colegiales.
Quedaron pendientes para el debate en segunda lectura temas como que las plazas de la ciudad obtengan la denominación de “urbanización parque” a fin de garantizar la conservación del suelo absorbente; la incorporación de las propuestas urbanas elaboradas por los grupos de vecinos en defensa de la identidad barrial y que sean añadidos los barrios populares dentro de la normativa urbana.
Las voces a favor y en contra
Manuela Thourte, presidenta del bloque de UCR-Evolución, indicó que “se buscó actualizar el Código Urbanístico para lograr un mayor equilibrio entre el norte y el sur de la ciudad”, tras lo cual definió a la “capacidad constructiva adicional como una herramienta interesante”, pero advirtió que para la segunda lectura “trabajarán para que no sean perjudicados los pequeños y medianos desarrolladores”.
Graciela Ocaña, de Confianza Pública, resaltó que lo aprobado “es fruto de un reclamo de los vecinos que hace tiempo vienen advirtiendo por el cambio en sus barrios” y también destacó “la voluntad política de los bloques de tratar de encontrar un acuerdo” pese a expresar su queja por el acotado tiempo que tuvieron para el debate parlamentario.
Claudia Neira, vicepresidenta del bloque de Unión por la Patria, afirmó que trabajaron para “enderezar” el proyecto remitido por la administración porteña con la consigna de “resolver la vida a la gente que tiene problemas concretos con el CUR”, pero advirtió que “muchos de los temas pedidos no estuvieron en el texto” por lo cual se abstuvieron.
Entre los legisladores que tampoco acompañaron la votación estuvo la diputada de La Libertad Avanza Pilar Ramírez, que fustigó con dureza el proyecto: “Esta reforma no está bien, es de puras pretensiones. No puedo creer que tengamos que resolver la planificación de unas de las ciudades más importantes a las apuradas, sin ninguna visión”.
El legislador del Frente de Izquierda Gabriel Solano justificó su voto en contra al denunciar que este código generará “una expulsión del vecino y del trabajador del sur de la ciudad”. Mientras que Celeste Fierro, del Movimiento Socialista de los Trabajadores, sostuvo que “esto no es en beneficio para el conjunto de la población, sino que lo es para un grupo que hace negocios con las tierras porteñas”.