El 52,9% de pobreza que dejó el primer semestre de 2024, que cubre el período inicial del gobierno de Javier Milei, refuerza la preocupación de la Iglesia por el avance de la crisis social. Más allá de las casi 25 millones de personas que no llegan a cubrir la canasta básica, la inquietud se agrava con el triste récord de 18,1% de indigentes (8,5 millones), que conforman el dramático escenario de las urgencias sociales más extremas.
El afligente cuadro social profundiza la preocupación de la Iglesia, que ya en junio pasado había alertado que unas cinco millones de personas cayeron bajo la línea de pobreza desde el tercer trimestre de 2023. A fines del año pasado, según el Indec, la pobreza afectaba al 41,7% de la población, con un 11,9% de indigentes.
En una mirada más política, la radiografía de la crisis social mantiene en primer plano el duro mensaje del papa Francisco, que el viernes pasado, en un encuentro con dirigentes sociales de todo el mundo, al que asistió Juan Grabois, llamó a los movimientos populares a no resignarse y seguir manteniendo la bandera de “los derechos sagrados de las tres T: tierra, techo y trabajo”.
En su mensaje, el Papa reivindicó la justicia social -denostada por el Presidente- y cuestiónó el protocolo antipiquetes, las “ideologías deshumanizadas”, la meritocracia y la “cultura del ganador”, a la que identificó con “la cultura del descarte”.
Monseñor Ojea alertó sobre los riesgos de “una criminalización de la protesta, al sostener en una entrevista con Infobae que en la mayoría de los países es legítima una protesta pacífica”.
“Cuando se hace una protesta se sufre una violencia previa. Si un jubilado reclama es porque sufre la violencia de no poder comprar remedios o de no llegar a fin de mes. Esta es la primera violencia”, definió el obispo de San Isidro y presidente del Episcopado, monseñor Oscar Ojea, al reivindicar el mensaje de Francisco a los movimientos populares, en el que rechazó el uso de “gas pimienta de primera calidad” para reprimir las protestas sociales, en vez de “pagar justicia social”.
En tanto, en los primeros meses de este año la crisis se agravó como consecuencia de la retracción en la distribución de alimentos a comedores comunitarios, que al Gobierno le significó un alto costo en explicaciones, recriminaciones internas y renuncias de funcionarios.
Frente a los nuevos números, en la Iglesia advierten que las carencias se multiplican, especialmente en las 6400 villas y barrios populares desplegados en el país. “Allí, en una población de seis millones de personas se concentra el núcleo duro de la marginación social, aunque en todo el país suman más de 18 millones de personas las que sobreviven bajo la línea de pobreza”, graficó una fuente eclesiástica.
Para atender las urgencias, consideran prioritario el desarrollo de la integración sociourbana de las poblaciones más vulnerables. Al respecto, el obispo Gustavo Carrara, responsable de la Pastoral de las Villas en la Arquidiócesis de Buenos Aires, estimó necesario la semana pasada fortalecer “una presencia más inteligente del Estado, que tiendan a revitalizar la vida de comunidad para que los niños y adolescentes no queden expuestos a la violencia, a las armas y a las drogas”. En ese sentido, pidió “no discontinuar las políticas públicas de integración de los barrios populares”.
Recordó, además, que en 1974 había solo un 4% de pobres en el país, lo que significaba en ese tiempo unas 800.000 personas. Hoy ese número se multiplicó por 31.
Tendencias y cambios
Pese a las descripciones negativas, algunos sectores cercanos a la Iglesia confían en que la baja de la inflación tendrá un impacto más favorable en futuras mediciones. Se tocó fondo, pero se podría comenzar a remontar.
“Las cifras marcan una tendencia a la baja en el segundo trimestre, que fijaría la pobreza en un 49%, con una mejoría más lenta en el tercer trimestre. Lo mismo pasaría con la indigencia, que había llegado a niveles muy altos, cercanos al 20%”, arriesgó una fuente cercana a la Iglesia, con signos de esperanza, ante una consultada por LA NACION.
Y amplió su explicación: “Pese a una relativa estabilización de los precios, por la caída de la inflación, la gente no advertiría esa ventaja porque se ve forzada a gastar más en los servicios públicos, por lo que la capacidad de consumo en las clases medias bajas sigue siendo muy acotada”.
La percepción que predomina en la Iglesia es que la situación sigue siendo crítica desde el punto de vista social. Las mayores urgencias son la asistencia alimentaria en favor de los sectores más pobres. “Otra prioridad es lograr que los jóvenes permanezcan en la escuela y no la abandonen para hacer trabajos o changas informales, y mejorar las condiciones de aprendizaje”, deslizó una fuente consultada.