Esta semana, en silencio, el Ministerio de Economía que dirige Luis Caputo definió líneas de acción internas para evitar el uso de información privilegiada, los conflictos de intereses y la corrupción, entre otros, en el Palacio de Hacienda.
El “Plan de Integridad del Ministerio de Economía”, que tiene la estampa de la Secretaria Legal y Administrativa que dirige José García Hamilton, implica la convocatoria, por caso, de un Comité de Integridad para deliberar sobre “dilemas éticos” que puedan surgir en la cartera del ministro Caputo, la elaboración de un código y, pese a la polémica que se generó con el Gobierno con las restricciones para el acceso a la información pública, impulsa la “transparencia activa”.
“El presente plan tiene por objetivo promover una cultura organizacional basada en los valores y principios de ética pública, integridad y transparencia conforme a los estándares nacionales e internacionales en la materia, propiciando buenas prácticas y modelos institucionales de planificación, contratación y ejecución de las políticas públicas”, afirman los objetivo del plan. “Asimismo, busca fortalecer las capacidades institucionales de prevención, control y supervisión en el ejercicio de la función pública con el fin de morigerar los riesgos relacionados con cuestiones éticas y de integridad, y garantizar que el ministerio desarrolle sus procesos y operaciones conforme a la normativa vigente, de una manera eficaz y transparente, difundiendo, sensibilizando y capacitando a sus agentes”, se agrega en los mismos.
La Dirección General de Gestión Documental, Transparencia y Acceso a la Información en el Ministerio de Economía, en tanto, será la encargada de convocar al Comité de Integridad “para proponer las actualizaciones o ajustes al plan que considere necesarios, como así también, para deliberar sobre dilemas éticos”, afirman los detalles del programa interno.
Pero además del Comité de Integridad, según los detalles del programa oficial, se conformará otro comité, pero de Ética. Este estará a cargo no sólo de verificar el cumplimiento del plan, sino que también “podrá emitir recomendaciones sobre situaciones que involucren conflictos de intereses, dilemas éticos, uso indebido de información o cualquier otra conducta que pueda afectar la integridad y la ética en el desempeño por parte de los funcionarios”.
Más en detalle, se pondrá el foco, por ejemplo, en compras y contrataciones, porque son “altamente vulnerables a los riesgos de integridad”. Habrá entonces un “procedimiento de Compras y Contrataciones”, se continuará en la implementación del Sistema Único Electrónico de Pago a Proveedores y Órdenes de Pago, y se impulsará un seguimiento y control de los procesos. En tanto, se limitarán los procedimientos de adquisición vía excepción.
A pesar de la polémica por las restricciones que impulsó la Casa Rosada semanas atrás al acceso a la información pública en Economía afirmaron que “uno de los principales objetivos del organismo es el de garantizar” ese acceso conforme lo prescripto en la ley 27.275 (Derecho de Acceso a la Información Pública). “Se propiciará, de forma proactiva, un mayor desarrollo del portal de datos abiertos, de plataformas digitales y divulgación de datos públicos generados por la jurisdicción para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y garantizar el derecho de acceso a la información pública conforme lo establecido en la ley 27.275. Además, se promoverá el diseño e implementación de herramientas informáticas que sistematicen el seguimiento y control, tanto de las solicitudes de información pública realizadas por la ciudadanía en general, como de los requerimientos de organismos de control”, se prometió.
Se controlará que los regalos y los viajes que reciben los funcionarios, lo mismo que las audiencias con personas que mantienen “un interés determinado” estén, dice el plan, en los registros oficiales. Se prometen además acciones de difusión y capacitación para que los funcionarios presenten correctamente sus declaraciones juradas patrimoniales -los bienes y fondos en blanco- con anterioridad y posterioridad al paso por la función pública.
El punto G del plan tiene que ver con un tema clave en el mundo de los mercados: afirma que “resulta imprescindible propiciar políticas para el uso responsable de la información privilegiada de la jurisdicción a la que los funcionarios pudieran acceder como consecuencia de sus labores, haciendo hincapié en las prohibiciones y regulaciones existentes respecto de su uso y suministro y en la prevalencia del interés general por sobre el interés particular”.
Economía promete además elaborar un Código de Ética e impulsar un Sistema de Gestión de Riesgo de Integridad para “identificar, analizar, evaluar y gestionar los eventos o situaciones que puedan generar hechos de corrupción”. Sobre esto último, se elaborará de un “mapa de riesgos” para detectar procesos críticos, controles asociados y formular acciones concretas para mitigarlos. “El sector público debe procurar emplear personas profesionales y calificadas que tengan un compromiso profundo con los valores de integridad y la priorización del interés público sobre los intereses privados. En ese marco, se consolidarán y actualizarán las herramientas para evitar y detectar incompatibilidades y conflictos de intereses en el ejercicio de la función pública”, afirman, pero no dan detalles sobre esas herramientas.
“Para que el plan sea efectivo resulta imprescindible que las conductas contrarias a las normas éticas y otras violaciones a la integridad sean detectadas, investigadas y sancionadas”, dice el plan oficial y promueve una de las herramientas, por lo menos, la detección. Se trata del viejo Canal de Denuncias, creado allá por 2021 -su protocolo se publicó en 2022- y que, según los funcionarios hoy a cargo en el Palacio de Hacienda, tendría un fuerte reimpulso.