El juez federal Roy K. Altman, que bloqueó este miércoles una sección clave de ley antiinmigración de Florida que castiga el traslado de migrantes indocumentados, puso en duda su propio dictamen unas horas después. En una nueva disposición, que ha sido calificada como contradictoria, señaló que desea evaluar el alcance adecuado de su orden judicial e invitar a las partes involucradas en la demanda a enviar más información.
La ley migratoria SB-1718, promulgada en 2023 el gobernador Ron DeSantis, fue impugnada por la Farmworker Association of Florida, un grupo que reúne a los trabajadores temporales y migrantes, y contó con la ayuda de abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), el Southern Poverty Law Center, Americans for Immigrant Justice y el American Immigration Council.
El juez Altman, designado por el expresidente Donald Trump, confirmó el bloqueo temporal de la Sección 10 de esta normativa bajo el argumento de que estaba de acuerdo con quienes afirmaban que iba a en contra de las leyes federales. “Al convertir en delito grave transportar a Florida a alguien que no ha sido inspeccionado por el gobierno federal desde su entrada ilegal, la ley se extiende más allá de la autoridad del estado”, escribió.
Sin embargo, este jueves por la tarde, Altman emitió una orden separada en la que cuestionó si su propia decisión era demasiado amplia. “Tras una mayor reflexión (…) ahora invitamos a que envíen información adicional sobre el alcance adecuado de la orden restrictiva”, escribió. Así, el juez invitó a los abogados del caso a presentar argumentos antes del 6 de junio sobre el alcance que debería tener la orden. En concreto, evalúa si su fallo abarca a todo el estado o solo al sur de Florida, donde fue presentada la demanda.
De acuerdo con El Nuevo Herald, para explicar su cambio de opinión, el jurista citó un debate legal sobre las llamadas órdenes restrictivas universales, en referencia a las órdenes judiciales de gran alcance que pueden impedir la aplicación de una política gubernamental. Según expertos, los jueces han usado con más regularidad desde la administración Trump.
Las organizaciones civiles celebraron el bloqueo de la ley antiinmigración de Florida
Antes de que Altman diera marcha atrás, Yesica Ramírez, coordinadora general de la Farmworker Association, declaró a The Miami Herald que el grupo estaba “muy agradecido” con su decisión, porque la ley tenía un “impacto muy negativo” en las comunidades de inmigrantes de Florida.
Por su parte, la ACLU escribió en una publicación en X (antes Twitter): “Última hora. Un tribunal federal acaba de bloquear una disposición de la brutal ley antiinmigrante de Florida que amenazaba a las personas en el estado con penas de cárcel por hacer cosas habituales como ir a trabajar y visitar a sus familiares. La decisión de hoy marca una victoria importante para la gente”.
Por su parte, el abogado principal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, Spencer Amdur, dijo que “el tribunal hizo bien en bloquear esta ley insensible y evidentemente inconstitucional, que amenazaba a los floridanos con penas de cárcel por hacer las cosas más comunes, como ir a trabajar, visitar a la familia y llevar a los niños a los partidos de fútbol”. Además, consideró al fallo como una “victoria importante para las comunidades de Florida”.
De acuerdo con un comunicado de la American Immigration Council, en la demanda, presentada el 17 de julio, los grupos describieron que la Sección 10 de la Ley SB-1718 era inconstitucional al permitir que un estado regule unilateralmente la inmigración federal y someta a las personas a un castigo penal sin un justo aviso.
LA NACION