Mercedes cobró en enero unos €1050 brutos, cerca de los €1134 brutos en los que el Gobierno ha establecido el salario mínimo para 2024 en 14 pagas. “En mi contrato dice que trabajo 30 horas, por las que gano unos €823. Pero con las horas extra llego más o menos al salario mínimo”, explica.
El mayor gasto al que hace frente cada mes es el alquiler de su vivienda en Madrid: €650 por un piso de 32 metros cuadrados. “Mi pareja trabaja en limpieza y gana unos €400, sola sería aún más difícil”, agrega. Así, pagar la casa consume el 45% de los ingresos de la pareja (un 62% si viviera sola). El porcentaje se sitúa muy por encima del máximo que recomiendan los expertos, un 30%, que es la referencia que toma la Ley por el Derecho a la Vivienda aprobada el pasado mayo.
Pero el caso de Mercedes no es, ni mucho menos, una excepción. España encabeza las estadísticas europeas de inquilinos de bajos ingresos que viven asfixiados por las rentas. Y los precios medios que se ofrecen en los portales inmobiliarios superan el 30% del salario mínimo interprofesional (SIM) en más de 20 provincias, según cálculos del diario EL PAÍS. De hecho, un alquiler medio en España se comería más del 40% del SMI, pero en las capitales con mayor tensión ese porcentaje alcanza el 70%.
Ese es el caso de Barcelona, la ciudad con los alquileres más caros de España. Los cálculos se han hecho a partir de los precios medios que ofrecen Idealista y Fotocasa, los dos mayores portales inmobiliarios. El SMI es de €15.876 anuales distribuidos en 14 pagas de €1134, que entre los 12 meses del año son €1323 por mes; y se ha tomado como hipótesis que una persona sola trate de alquilar un piso de 45 metros cuadrados. Si en el hogar entran dos salarios mínimos (es decir, €2646 brutos al mes), se ha considerado entonces que alquilen un piso de unos 80 metros cuadrados al tratarse de una unidad familiar mayor. Eso alivia la situación, pero no demasiado. La media para España seguiría superando el 30%, un porcentaje que se duplica en el caso de Barcelona.
Tras la capital catalana, San Sebastián y Madrid son las ciudades más caras. Aquí hay más divergencia de precio entre portales, pero el resultado final es muy parecido: imposible alquilar nada con el salario mínimo, a menos que se haga un esfuerzo sobrehumano. El porcentaje para una persona sola se acerca o supera el 60%. Y para una pareja supone tener que destinar más de la mitad de sus ingresos a la renta mensual. En total, 18 capitales españolas (Alicante, Barcelona, Bilbao, Cádiz, San Sebastián, Girona, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Málaga, Palma, Pamplona, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Segovia, Sevilla, Tarragona, Valencia y Vitoria) tienen unos precios medios de alquiler que obligan a un inquilino de bajos ingresos a superar la tasa de esfuerzo recomendada del 30%.
Otras cuatro (A Coruña, Granada, Melilla y Zaragoza) viven esa situación en el caso de hogares unipersonales, pero al alquilar en pareja se podría bajar el porcentaje del 30%. Y en otras tres (Burgos, Oviedo y Toledo) afloran situaciones de sobresfuerzo, pero solo con los datos de alguno de los dos portales. En conjunto, y sin tener en cuenta sus áreas metropolitanas, en esas ciudades vive más de un 25% de la población española.
El mapa de los mercados más calientes está claro: grandes ciudades y provincias de costa, especialmente en el arco mediterráneo. Pero no se trata solo de un problema de las capitales. Los expertos suelen usar una metáfora cuando hablan de los precios de la vivienda: una mancha de aceite que se extiende del centro a la periferia. Y esta es la experiencia de Mercedes, quien a sus 32 años vive en uno de los barrios más baratos de la capital de España, Carabanchel. “Me encantaría irme a algo más barato, pero es que no existe. He mirado en Algete o Leganés y no encuentro nada. Algunos incluso pensarán que me ha tocado la lotería con este piso de €650, pero tiene muchos problemas de humedades”.
En Barcelona, Miriam, una camarera de piso de 50 años, afronta un dilema parecido: “Mi trabajo está aquí, y con lo que me gastaría en transporte, tiempo y en todo lo que tienes que pagar al cambiar de casa, no me compensa”, relata al teléfono. Gana unos €900, lo mismo que su pareja, pero los estira hasta unos €1000 haciendo horas extra. El alquiler devora cada mes un 42% de sus ingresos. “Pagamos €800 por un piso muy pequeñito, un bajo de 50 metros en la zona de Gràcia. En 2019 pagaba €700, pero me ha ido subiendo”, explica.
La situación que relatan estas dos mujeres es parecida a la que enfrenta una parte de los 2,5 millones de trabajadores que cobran el salario mínimo en España. Y, sin conocer sus circunstancias concretas, Héctor Simón, quien dirige la Cátedra Unesco de Vivienda en la Universitat Rovira i Virgili, es capaz de describirlas. “Para las familias con menos recursos es muy complicado acceder a una hipoteca”, señala, “y cuando la única alternativa es el alquiler, eso provoca una burbuja que arrastramos desde 2016 y que se ceba sobre todo en las ciudades, que es donde se generan las oportunidades laborales”. Para Simón, “la situación actual deriva de 15 años de una política de vivienda errática”. Pero lo que realmente le preocupa es que a través de estas situaciones “el acceso a la vivienda se precariza”, y mucha gente vive en casas que no reúnen condiciones de habitabilidad o donde conviven varios núcleos familiares que no pueden pagarse un piso entero.
Carlos Susías, presidente de la Red Europea contra la Pobreza en España, destaca las dificultades que afrontan aquellos a quienes el alquiler les consume porciones tan altas de sus ingresos. “Todo es más difícil para alguien que paga tanto alquiler, mucho más que para el que tiene un piso familiar o posibilidades de comprarlo. Es un tema estructural, el traspaso patrimonial condiciona todo”, dice. Y Héctor Simón insiste en un concepto recurrente en los análisis que hacen desde la cátedra de la Unesco: la evolución de España hacia “una sociedad de ricos propietarios y pobres inquilinos”.
El Gobierno presume frecuentemente de que, desde 2018, el salario mínimo se ha incrementado en un 54%. La situación para quienes lo perciben ha mejorado indudablemente. Pero para quienes alquilan casa, las rentas se han comido sin duda una buena parte de ese incremento. Entre enero de 2018 y enero de este año, el último dato disponible en Idealista, el precio medio de alquiler ha crecido en España un 33%. En esos datos se basan los sindicatos de inquilinos para reivindicar los controles de precios. “De poco sirve subir el SMI si no se controla de ninguna forma el precio del alquiler”, señala Enric Aragonès, del Sindicat de Llogateres de Catalunya. “La gente necesita un techo y quiere quedarse en su casa y en su barrio, por tanto, hace los equilibrios posibles e incluso los imposibles para poder pagar el alquiler”, añade.
Cataluña es la única comunidad dispuesta, hasta el momento, a aplicar los límites de rentas que prevé la ley de vivienda. En Barcelona, la capital más tensionada, aplicar el precio medio que recoge el nuevo sistema de referencia de precios de alquiler que ha presentado el Ministerio de Vivienda aliviaría a muchos inquilinos. Pero sería insuficiente para los que cobran el salario mínimo: con el precio medio de ese índice, el esfuerzo para una persona con SMI sería del 43%, y para una familia de dos, del 38%. Susías defiende que la política más transformadora para rebajar los precios sería un amplio volumen de alquiler público no enajenable.
Hay ocasiones en las que, aunque el alquiler no consume una porción muy alta del sueldo, refleja igualmente las dificultades de aquellos con menores retribuciones. Es el caso de Fernanda, una trabajadora del hogar interna en Madrid que tiene 58 años. “Duermo casi todos los días en la casa en la que trabajo, pero los sábados los tengo libres”, cuenta. “Por dormir en una habitación de un piso compartido y tener allí algunas de mis cosas, pago €250al mes. Y no estoy ni 24 horas”. Esto es el 23% de los €1080 brutos que gana mensualmente. Echando cálculos, está valorando la posibilidad de pernoctar en un hostal cada sábado o quedarse en la casa donde trabaja.
Los precios de la vivienda son un problema particularmente punzante para los jóvenes: del total de trabajadores de 16 a 24 años, el 27% cobra el salario mínimo. Según datos del Observatorio de la Emancipación, el sueldo medio de los jóvenes en España se sitúa en €1005 netos al mes. Y el precio medio de una renta, en €944 . “Esto es insostenible. Con estos salarios y estos alquileres es dificilísimo que los jóvenes se independicen. Cada vez vemos más jóvenes en las colas del hambre”, denuncia Juan Antonio Báez, vicepresidente del Consejo de la Juventud de España.
España es uno de los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) donde los trabajadores han perdido más poder adquisitivo durante la crisis de precios de los últimos años. Eurostat, la oficina estadística de la UE, calcula la tasa de hogares sobrecargados por los gastos de vivienda y España ocupó en 2022 la tercera posición, tras Rumania (líder de la clasificación) y Países Bajos (donde la situación se ha deteriorado rápidamente en los últimos años). En suma, cuatro de cada 10 inquilinos destinan al menos un 40% de los ingresos del hogar a pagar la renta y los gastos comunes de la vivienda (suministros básicos, tasas de basuras u otros impuestos, reparaciones habituales…). La situación había mejorado mucho entre 2017 y 2020, pero con la pandemia se deterioró enormemente.
Para José García Montalvo, catedrático de Economía en la Universidad Pompeu Fabra e investigador del IVIE, esta estadística europea es muy significativa. Por un lado, porque muestra que las personas que viven en otros regímenes de tenencia (propietarios con o sin hipoteca, y arrendamientos sociales o pisos cedidos) apenas experimentan situaciones de sobrecarga.
Por otro, porque al añadir la variable de ingresos de los hogares, se observa que “todo el problema se concreta en el alquiler a precio de mercado y en los quintiles primero y segundo”. Es decir, en el 40% de los hogares con inquilinos con ingresos más bajos. “Toda esa gente tendría que estar en el alquiler social, que es el parque que nos falta porque en España tenemos un 1,2% y la media europea es del 9%”, diagnostica el experto. Pero también insiste en que los problemas de accesibilidad a la vivienda no son exclusivos de España, lo que relaciona con “legislaciones urbanísticas complejísimas” que buscan proteger los intereses de los propietarios (el grueso de votantes) con “áreas metropolitanas muy poco densas”. Es decir, que no se genera oferta de alquiler aumentando la edificabilidad donde la gente quiere realmente vivir
José Luis ArandaEmilio Sánchez Hidalgo
EL PAIS