Junto a las denuncias contra dirigentes de distintas organizaciones sociales acusados de extorsionar a beneficiarios de planes sociales, la Justicia Federal está interviniendo frente a la fundada sospecha de que algunas de las cooperativas manejadas por los movimientos sociales fueran utilizadas para desviar los fondos que les enviaba el Estado y destinarlos a otros fines que ninguna relación tenían con la ayuda social a los más necesitados.
El vasto e histórico universo de las cooperativas viene siendo cuestionado de manera severa en nuestro país en las últimas dos décadas. Desde este espacio hemos denunciado reiteradamente la actividad de muchas de ellas, que solo han deshonrado las virtudes de una valiosa figura.
Desde la llegada de Néstor Kirchner al gobierno nacional, en 2003, y hasta 2015, se crearon 20.300 cooperativas de trabajo vinculadas en su constitución con programas sociales, lo que llevó la cifra de cooperativas totales al final de ese período a 33.800.
Para diciembre de 2019, y merced a las distintas acciones encaradas en el período 2016/2019, la cantidad de cooperativas se redujo a 9500. Pero entre 2020 y 2022 se inscribieron 8070 nuevas cooperativas, el 82% de las cuales no presentaron estados contables ni información asamblearia. Para 2023 ya eran más de 12.000 las que se habían constituido en este nuevo período. Fruto de las alianzas con organizaciones sociales, durante el gobierno de Alberto Fernández más que se duplicaron: hoy son 24.500, de las cuales el 83% están registradas como cooperativas de trabajo.
El presupuesto del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) fue en 2023 de 14.500 millones de pesos, destinando el 50% de ese monto a la entrega de fondos. En este organismo descentralizado a cargo de regular la actividad de cooperativas y mutuales, dependiente del flamante Ministerio de Capital Humano, la Sindicatura General de la Nación (Sigen) detectó, para el período 2020/2023, déficits en las fiscalizaciones, falencias en la evaluación de proyectos para la entrega de fondos, debilidades en el control de finalización de obras y proyectos, y ausencia de verificación de aplicación de los fondos otorgados a la actividad cooperativa. Cabe destacar que en el directorio de ese instituto están representadas las cooperativas y mutuales.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció a comienzos de abril que “se suspenderá la operatoria de todas las cooperativas creadas entre 2020 y 2022, porque son financiadas por todos los ciudadanos argentinos”, y se refirió a las irregularidades detectadas.
Se oficializó así la suspensión de unas 10.000 cooperativas y mutuales por incumplir con la actualización de sus datos y la presentación de documentación vinculada a la realización de asambleas y estados contables. Se instó, además, a otras 8500 a regularizar su situación. Estos datos evidencian y ratifican la inacción de los funcionarios del Inaes en el gobierno de Alberto Fernández. Surge también de las investigaciones que en las inscripciones de cooperativas se repiten domicilios y mails de contacto de las mismas personas.
Desde algunos sectores representativos de las cooperativas o de los movimientos sociales hablan de estigmatización, persecución y criminalización, y se defienden alegando que comparten representantes, de allí los mismos mails, y muchas veces también espacios físicos por carecer de fondos para compra o alquiler. No explican, por ejemplo, que el mail de Fabián Costa aparezca ligado a 80 cooperativas y una dirección en La Matanza albergue a 50 entidades, situaciones que se repiten en distintas localidades.
La unión solidaria de personas detrás de un objetivo común, como la producción agropecuaria, la provisión de servicios públicos, el trabajo, el consumo, el crédito, la vivienda y el seguro solidario, entre otros, ve desnaturalizados sus principios y valores cuando caen en manos de dirigentes que persiguen inconfesables e inescrupulosos fines bajo su disfraz, sacando partido de los más vulnerables. Muchos de los que se arrogan representatividad en este movimiento deberían dar explicaciones de los beneficios recibidos.
Desde este espacio editorial, hemos denunciado, por ejemplo, el festival de subsidios del Estado nacional distribuidos a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), ligada a Juan Grabois, que lejos han estado de responder a una política eficaz de generación de empleo.
Distintas cooperativas y asociaciones de piqueteros recibieron entre 2020 y 2023, durante la gestión presidencial de Alberto Fernández, el equivalente a casi 300 millones de dólares, en función de transferencias discrecionales hechas desde el Ministerio de Desarrollo Social. Entre las denuncias realizadas desde el actual Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, hay acusaciones contra Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita y exfuncionario del anterior gobierno, a quien se señala por haber favorecido a aquellas organizaciones a las que él mismo estaba vinculado por montos millonarios, en perjuicio del patrimonio del Estado.
Deben ser bienvenidas la limpieza y la acción de la Justicia en un rubro del que la gestión anterior se ha valido escandalosamente para seguir esquilmando pobres y enriqueciendo a inescrupulosos dirigentes. Corresponde defender, en cambio, al verdadero asociativismo argentino, que a lo largo de más de 100 años ha sido motor indiscutido del desarrollo económico y social del país, y separar la paja del trigo para condenar a quienes utilizan a los más pobres como carne de cañón para sus proyectos políticos y su enriquecimiento personal.
LA NACION