Pocas veces la Cámara de Diputados ha asistido a una sesión con tanta incertidumbre. No se sabe bien qué proyecto finalmente se votará, aunque todo indica que la mayoría de los bloques –salvo el libertario– buscará aprobar una nueva fórmula de movilidad jubilatoria y la recomposición de los jubilados y pensionados por la pérdida sufrida en enero pasado, cuando ocurrió el pico de inflación del 20,6%. El problema es que, detrás de este objetivo común, los opositores difieren en sus proyectos y en sus estrategias para encarar el debate.
Cada bloque quiere llevar agua para su propio molino electoral. Picó en punta la UCR al pedir una sesión especial para este martes a las 11. Propuso que sólo se discutan los cinco dictámenes sobre una nueva movilidad jubilatoria: al igual que el resto de sus socios opositores, la UCR presiona para el Gobierno afronte el pago de los ocho puntos que “se ahorró” por no reconocer la inflación del 20,6% de enero (solo recompuso el 12,5%). Lo llamativo es que los propios aliados del oficialismo, el MID y Pro, están de acuerdo, aunque este último, en un guiño al Gobierno, le deja librado el plazo y la modalidad de pago de la deuda.
Hasta aquí, el triunfo opositor estaría garantizado. Pero el panorama se complejiza porque un amplio sector opositor quiere ir por más y propone que también se debata una fórmula de movilidad distinta a la que plantea el Gobierno en el DNU 274/24, que dispuso actualizar los haberes por inflación. El Pro no es de la partida, como tampoco el MID. En cambio, Unión por la Patria, UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal –en suma, más de la mitad de los miembros del cuerpo– quieren incorporar a la fórmula, además de la inflación, la variable salarial para evitar que el nivel adquisitivo de las jubilaciones vuelva a caer en un eventual contexto de caída en picada de la inflación.
¿Qué le impediría a esta amplia mayoría imponer su criterio en el recinto y votar el proyecto? El problema es que los dictámenes son distintos. La UCR, Hacemos e Innovación, por presión de una decena de provincias –entre ellas Córdoba, con cinco diputados–, quieren además una cláusula que garantice el pago de las deudas de la Anses a las cajas jubilatorias provinciales, una deuda millonaria que el Gobierno por ahora desconoce. Proponen que sea el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) el que se haga cargo. Unión por la Patria lo rechaza.
El kirchnerismo quiere hacer su juego y le incomoda ser el “furgón de cola” de los opositores dialoguistas. Por esa razón convocó a una segunda sesión, también mañana pero a las 14, con un temario ampliado: además de movilidad jubilatoria, quiere incluir otros dos temas que el oficialismo también rechaza de plano por su impacto fiscal: el financiamiento a las universidades y el restablecimiento del Fondo de Incentivo Docente (Fonid). Los opositores dialoguistas no quieren ir tan lejos y prefieren dosificar la ofensiva.
Difícilmente esta segunda sesión prospere: la UCR ya dijo que no participará. Lo cierto es que a un amplio sector de la bancada le resulta incómodo entremezclarse con el kirchnerismo.
El bloque de Unión por la Patria discutía anoche su estrategia. Lo más probable es que dé quorum en la sesión de la mañana y pida incluir en el temario los dos temas sobre financiamiento educativo. Para ello se necesita el voto de los tres cuartos de los presentes. El rechazo será inmediato. El kirchnerismo procurará hacer de la derrota un triunfo al exponer públicamente la contradicción de aquellos legisladores que se dicen embanderados en defensa de la educación y la universidad pública pero esquivan el debate.
Allí no terminan las dificultades. Cuando arranque el debate sobre movilidad jubilatoria, el dictamen que se someterá a discusión es el de Unión por la Patria, el de mayoría. ¿Cómo votarán los bloques de la UCR y Hacemos? Algunos sugieren que sea rechazado para que, acto seguido, se ponga en consideración el suyo, segundo en cantidad de firmas; Unión por la Patria no tendría otra opción que apoyarlo, sostienen. A sabiendas de ello, algunas mentes de Pro elucubraban la posibilidad de la abstención para que sea el dictamen kirchnerista el que se imponga.
“Al presidente Milei le será mucho menos costoso en términos políticos vetar una ley de movilidad kirchnerista”, arguyen.