Cuando faltaban apenas días para que Alberto Fernández dejara la Presidencia, el Instituto de Asuntos Indígenas (INAI) reconoció decenas de comunidades de pueblos originarios en varias zonas del país. De las 118 resoluciones publicadas en 2023, 81 fueron hechas después de las elecciones de balotaje que confirmó a Javier Milei como presidente electo. Fue parte del empecinamiento del gobierno kirchnerista en favorecer, por cuestiones ideológicas, a quienes a cara cubierta han perpetrado abusos rapaces, generado desalojos violentos, destrozado propiedades, escuelas y hoteles, han provocado daños físicos y amenazas: delincuentes comunes que pretendieron acceder a la posesión de tierras de manera ilícita, amparándose en una supuesta identidad primigenia y sagrada, y adjudicándose el derecho a una propiedad sin antecedentes, sin posesión previa ni actual.
La ocupación de tierras no es admisible en una sociedad que quiere crecer e integrarse pacíficamente. Sin embargo, durante los cuatro años de la gestión anterior se vivió lo que hemos llamado en este espacio editorial “El Reino del revés” en el que, lejos de defender el derecho de propiedad de quienes habitan el suelo argentino y condenar las usurpaciones, la autoridades nacionales del INAI y de la Administración de Parques Nacionales colaboraron con encapuchados que quemaron viviendas y sitios de interés y utilidad pública. Esto dio lugar a centenares de denuncias de víctimas de los delitos encarnados por estos grupos seudomapuches que conculcaron los derechos de ciudadanos argumentando la preexistencia de una supuesta identidad indígena sin documentación respaldatoria alguna.
Es a partir de 2017 que existió una anomia gubernamental mediante la cual los usurpadores, ayudados por funcionarios del gobierno nacional permitieron que estos grupos redoblaran su apuesta ejerciendo violencia. Con caras tapadas y palos, ejecutaron hechos vandálicos que resultaron repudiados incluso por las verdaderas comunidades mapuches que mantienen un diálogo pacífico con autoridades y pobladores.
El nuevo gobierno ha iniciado el camino hacia la reinstauración de la legalidad: tras recuperar tierras del lago Mascardi, impulsa el desalojo de otros terrenos usurpados en Parques Nacionales, los que la administración kirchnerista intentaba entregar a los usurpadores considerando erróneamente que se trataba de lugares sagrados.
Al mismo tiempo, el nuevo presidente del INAI, Claudio Avruj, decidió realizar una auditoría interna que revela una evidente falta de rendición de gastos en varios casos. Sucede que el expresidente Fernández otorgó al INAI una cifra extraordinaria equivalente a unos 80 millones de dólares y el organismo no rindió cuentas de la ejecución de trabajos que debían realizarse. Incluso, se han encontrado montos percibidos por el exvicepresidente del INAI Luis Pilquiman, recordado por llevar alimentos a los usurpadores en Villa Mascardi. El funcionario se concedió a sí mismo un préstamo de unos 15.000 dólares de fondos no reembolsables. Una clásica metodología kirchnerista: ampararse en un perfil “progresista” y usar fondos públicos para su propio regocijo.
Al mismo tiempo el INAI, bajo la presidencia de Alejandro Marmoni, otorgaba reconocimientos basados en meros testimonios o simples bocetos hechos a mano donde se probaba el supuesto territorio ancestral indígena. No debe olvidarse que, a partir de estos reconocimientos, las comunidades obtenían los recursos legales necesarios para la defensa de su territorio; la posibilidad de solicitar servicios, como luz y agua, así como subsidios y la construcción de viviendas a los gobiernos, entre otras cuestiones: todas ventajas que no recibía un ciudadano común.
Lo esperable es que los responsables de todas estas actuaciones rindan debidas cuentas ante la Justicia.
Es hora de acotar las enormes estructuras burocráticas con monumentales gastos, puestos acomodaticios, con sus secretarios, sus conferencias, sus mesas de diálogo, sus pasajes y generosos viáticos para difundir programas y planes que en nada han contribuido a sacar de la indigencia a las comunidades indígenas. Sería lógico promover su capacitación y dejar de considerarlos “personas especiales” de modo de integrarlos a la sociedad y de que sean tratados como lo que son: auténticos ciudadanos.
LA NACION