La pobreza creció y llegó al 52,9% en el primer semestre del año, la más alta desde 2003, según informó ayer por la tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La cifra es consecuencia de la caída en el poder adquisitivo, la aceleración inflacionaria que llevó al IPC a su mayor nivel en tres décadas, el fuerte ajuste fiscal y la devaluación de parte del Gobierno de Javier Milei.
Según datos del Indec, la cantidad de pobres, si se proyectan los datos oficiales a todo el país, llega a casi 25 millones. Mientras tanto, la indigencia saltó a 18,1% y alcanza a 8,5 millones personas.
Si se tiene en cuenta que 2023 cerró con 19,5 millones de personas en la pobreza, se habrían sumado 5,4 millones de nuevos pobres en seis meses. En tanto, habrían caído en la indigencia casi tres millones de personas.
En este sentido, las ciudades con mayor pobreza de la Argentina son Gran Resistencia, con 76,2%, seguida de Formosa (67,6%), Concordia (65,8%), Santiago del Estero-La Banda (64%), Gran Santa Fe (59,8%).
Luego se ubican los partidos del Gran Buenos Aires (59,7%), Viedma-Carmen de Patagones (56,7%) y Posadas y Gran Catamarca, ambas con una pobreza del 55,9%.
Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires (CABA) es la que muestra el menor nivel de pobreza en su pobla (23,1%).
En el cierre del Gobierno de Alberto Fernández, la pobreza fue del 41,7%, mientras que la indigencia alcanzó el 11,9% en un contexto de caída del nivel de actividad, el empleo, los salarios y de una inflación que se triplicaba en sólo un año. A comienzos de esa gestión, la pobreza era de 35,5%.
El intento de estabilización de la economía, con la devaluación de diciembre y el fuerte ajuste fiscal, profundizó la tendencia de deterioro social y la caída en el nivel de actividad, sobre todo en el primer trimestre. Sufrieron los ingresos de los trabajadores formales, informales, las jubilaciones y pensiones, y se perdieron más de 100.000 empleos en la construcción, el comercio y la industria, y hubo despidos en el sector público.
El ajuste también hizo que hubiera menos actividad en el sector informal, que afectó el ingreso de los niveles socioeconómicos más bajos. De ahí que la indigencia también se incrementó a pesar de que, desde el primer momento, hubo subas de 100% en programas de asistencia como la AUH. Estos, según especialistas, sirvieron para compensar ingresos, pero no para cubrir la pérdida de ingresos laborales.
A partir del segundo trimestre, la desaceleración en los índices de inflación y la lenta recomposición en jubilaciones y otros programas de asistencia, sumado a la suba de los salarios formales e informales, el freno en la caída del empleo formal y la aparición de nichos de trabajo informal y cuentapropista, lograron frenar y revertir algunos puntos en la suba previa de los índices de pobreza y la indigencia, de acuerdo con estimaciones privadas.
Los analistas creen que esta tendencia -ralentizada- se habría sostenido en el tercer trimestre. Esto, en un marco de “brotes verdes” mensuales en algunos sectores puntuales y de recuperación tras la devaluación del poder adquisitivo de los salarios de trabajadores formales registrados a niveles de noviembre, un punto temporal en que ya arrastraban cinco años de baja. La tendencia se compensa, sin embargo, con la caída en la cantidad de trabajadores totales, producto de la recesión.
LA NACION