Cuentan quienes escucharon a Javier Milei en las últimas horas que se sorprendió con las versiones que daban cuenta que evaluaba la conveniencia del veto a la Ley de Financiamiento Universitario y que podría acceder al pedido que le hicieron desde el sector «para que recapacite y acompañe en esta apuesta a la educación», como reclamó el rector de la UBA, Ricardo Gelpi.
«El veto es total, no nos movemos ni un milímetro de lo que dijimos», reafirman en el entorno presidencial, aunque admiten que su publicación en el Boletín Oficial podría estirarse incluso hasta después de la marcha federal que se realizará próximo miércoles y promete ser multitudinaria. “No hay apuro. Hay tiempo hasta el 3 de octubre a las 23.59”, se atajan. Es que el Gobierno no quiere dar nuevos motivos para que los sectores políticos, a los que señala detrás de la protesta, puedan inflar la movilización. Por eso, también hará un último intento para destrabar el conflicto: ya les transmitió a los sindicatos docentes que la idea es equiparar con los aumentos otorgados a los empleados estatales enrolados en el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP),una cifra que a priori está lejos de lo que exigen desde las universidades pero que le servirá para mostrar voluntad de diálogo.
El plan se terminó de definir este martes. Un rato después de que Milei expusiera en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, convocó a una reunión en Casa Rosada a las distintas áreas del Ejecutivo que intervienen en las negociaciones con los universitarios para trazar la estrategia. «Ofrecemos equiparar con los aumentos de la SINEP. La diferencia entre lo que les dimos a los docentes y a los estatales es de alrededor de un 5,8 por ciento«, explicaron altas fuentes del Gobierno que aseguran que se hará «el máximo esfuerzo posible sin complicar la meta del déficit cero» que impuso el Presidente.
La presencia del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, en la cumbre con Francos, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Alvarez, tuvo ese objetivo: garantizar que el aumento que ofrecerá a los gremios docentes no se correrá de los objetivos fiscales que impone el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo. Por eso, en Balcarce 50 remarcan que «en nada va a cambiar si se hace o no la marcha»: «No vamos a aumentar la oferta porque estamos ofreciendo el techo de lo que se puede otorgar. No respondemos a extorsiones», argumentan desde el Gobierno.
Con el visto bueno de la Casa Rosada, Alvarez les anticipó a los gremios la intención de formalizar una propuesta de aumento pero con la condición de que debe ser convalidada por los gremios. «Nosotros podemos comprometernos a seguir trabajando para mejorar los salarios de los docentes, y de hecho dejamos abierto el Presupuesto 2025 para que la oposición proponga mejoras para el área, siempre que se diga de dónde se sacan esos recursos, pero ellos (por los docentes) deben aceptar la oferta», explicaron desde Educación. En las próximas horas, se concretaría la convocatoria a los sindicatos que nuclean a los docentes universitarios: Conadu, Conadu Histórica, Fedun, Ctera, Fagdut y UDA, entre otros.
En paralelo, el Presidente tiene tiempo hasta el 3 de octubre para concretar el veto a la Ley de Financiamiento Universitario. La idea de postergar la firma hasta su regreso de Nueva York alimentó suspicacias que cerca del estratega Santiago Caputo rechazan enfáticamente. «El veto está garantizado», indicaron quienes lo escuchan frecuentemente.
En Casa de Gobierno no cayó para nada bien el duro pronunciamiento del rector de la UBA, Ricardo Gelpi, quien este martes cargó contra Milei: «Instamos al presidente de la Nación a que recapacite y nos acompañe en esta apuesta a la educación. Le pedimos que no vete la Ley de Financiamiento Universitario. El veto es un veto al futuro», reprochó.
El jefe de Estado tiene bien en claro los números que le trasladan Caputo y Pettovello, que aunque se han enfrentado en el pasado, sobre este punto trabajan en la misma sintonía: «A la UBA y a todas las universidades les aumentamos el gasto de funcionamiento en un 270 por ciento, muy por encima de la inflación. No tienen motivos para quejarse más allá de claros intereses políticos partidarios y hasta personales», rezongan.
En ese sentido, en el Gobierno advierten que en la protesta se da un scrum entre la pelea de los gremios con los rectores, a quienes cuestionan por querer «ser juez y parte» porque «están del lado de enfrente en la paritaria cuando administran fondos nacionales y son ellos los que deberían discutir los números».
Las declaraciones de Oscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) irritaron especialmente por entender que está fogoneando una cruzada contra el Gobierno sin importar la instancia de diálogo abierto. «La marcha se hace para decirle no al veto y para que los diputados lo rechacen con las tres partes del pleno del Congreso”, dijo en Radio Universidad.
En este contexto, cerca de Milei miran con expectativa la posibilidad de que la CGT se sume masivamente a la marcha del próximo miércoles: «A nosotros nos suma que estén, la gente ya no les cree nada y todo lo que tocan, lo arruinan», reconocen.