Por un entendimiento entre el Gobierno y el bloque kirchnerista de la Cámara de Diputados, que tendría un guiño de la Casa Rosada y de la cúpula de la CGT, se frustró este martes el avance del proyecto alentado por las bancadas del PRO, la UCR y la Coalición Cívica que buscaba limitar las reelecciones en los gremios con el objetivo de “garantizar la efectiva democracia interna” y a la vez eliminar las cuotas sindicales que se cobran compulsivamente a los afiliados.
Se trata del proyecto de Democracia Sindical que iba a ser tratado en la Comisión de Legislación del Trabajo en Diputados y que buscaba sacar dictamen, iniciativa que incluía modificaciones a las leyes de Asociaciones Sindicales, la de Convenciones Colectivas de Trabajo y la de Empleo a partir de los consensos acordados entre la oposición dialoguista y el oficialismo.
El presidente de la comisión, el radical Martín Tetaz quien impulsaba la propuesta suspendió la reunión a último minuto, luego de que trascendiera que los representantes de La Libertad Avanza no iban a acompañar la propuesta y se alineaban con la postura del kirchnerismo.
En un principio se dejó trascender que el PRO tampoco estaba dispuesto a acompañar, pero luego de suspenderse la reunión de comisión, el bloque que comanda Cristian Ritondo ratificó su apoyo al dictamen de mayoría del proyecto de ley sobre Democracia Sindical.
En el documento, el macrismo expresó su apoyo a la eliminación de las reelecciones indefinidas como la necesidad de fomentar la participación de las minorías en los órganos directivos. La propuesta también incluía la obligatoriedad de declaraciones juradas para los dirigentes, el acceso a la información por parte de los afiliados de las obras sociales, la afiliación voluntaria y la eliminación de las cuotas «solidarias».
«Estas reformas son esenciales para promover más transparencia y garantizar una mayor equidad en el ámbito laboral», resaltaron desde el PRO, que desde hace meses viene buscando un acuerdo para avanzar con la reforma.
Según fuentes legislativas, a partir de un acuerdo entre el Gobierno y la central sindical, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ordenó al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, bajar el apoyo del oficialismo a la propuesta de reforma sindical.
Tetaz quiso comunicarse con Menem para tratar de convencer al riojano y mantener el apoyo del oficialismo, pero no tuvo éxito, confirmaron a este diario fuentes del radicalismo. Desde la oficina del titular de la Cámara dejaron trascender que «no era el momento político para dar esa pelea».
Lo cierto es que al bajarse La Libertad Avanza, el dictamen de mayoría perdía cinco firmas. Pero más allá de ese dato, la oposición dialoguista tampoco tendría los votos para avanzar con la propuesta, ya que entre el bloque de Unión por la Patria y los libertarios suman 138 diputados para boicotear la reforma.
En tanto, Tetaz se quedó con la bronca de no haber podido avanzar con el proyecto tras varios meses de conversaciones con los distintos bloques para tratar de sacar «el mejor despacho» de comisión. «Teníamos todo acordado, pero a último momento el oficialismo se bajó, como el número estaba fino tuvimos que suspender la reunión de comisión», le dijo a este diario el diputado radical.
Entre los dialoguistas apuestan a la condena social para que el Gobierno revea su rechazo a la propuesta de Democracia Sindical. Pero desde el oficialismo ratificaron que no era el momento aunque dejaron abierta una puerta al explicar que no están en contra de «la cuestión de fondo».
Sin embargo, desde el espacio libertario explicaron que «era una batalla sin sentido» porque entienden que «en el Senado no iba a pasar» la reforma. Es que en la Cámara alta, el kirchnerismo tiene la primera minoría con 33 bancas y el apoyo de algunos provinciales sería suficiente para llegar a los 37 votos que necesita para bloquear la propuesta.
Todo esto se da en momentos que el Gobierno demora la promulgación del capítulo de reforma laboral que fue incluído en la Ley Bases.
De acuerdo a una de las últimas versiones que surgieron desde la Casa Rosada, ya está preparado el decreto de reglamentación y prometieron que será firmado por el presidente Javier Milei a su regreso del viaje a Estados Unidos.
La ley aprobada por el Congreso extiende a 6 meses el período de prueba que tienen los trabajadores en un nuevo puesto, con la posibilidad de ampliar hasta hasta 1 año en determinadas empresas. Uno de los puntos más cuestionados por las organizaciones sindicales tiene que ver con la posibilidad de considerar causal de despido la participación en bloqueos o tomas de establecimientos.