El oficialismo porteño se encamina a aprobar en la Legislatura la primera lectura de las actualizaciones del Código Urbanístico (CUR). El proyecto ya tiene dictamen de la Comisión de Planeamiento Urbano, aunque los bloques de la oposición no acompañaron el despacho del oficialismo. Mientras el Gobierno asegura que los cambios tenderán a proteger el patrimonio de los barrios residenciales, la oposición plantea que el proyecto no refleja una planificación integral, que no reúne el consenso de los bloques y que necesita más tiempo para ser debatido. Las organizaciones vecinales reclaman, entre otros puntos, que el nuevo Código sea discutido en el marco de las juntas comunales.
Seis años se están por cumplir desde que la Legislatura porteña aprobó el CUR que reemplazó al viejo Código de Planeamiento Urbano. Desde entonces, dos fenómenos fueron creciendo al unísono: al exponencial aumento de la construcción de edificios en barrios residenciales y de casas bajas le correspondió el surgimiento de organizaciones vecinales que, en los barrios, se agruparon para rechazar el avance de los desarrollos inmobiliarios. Pronto, la consigna «No al nuevo CUR» se transformó en la principal bandera de las agrupaciones que, en paralelo, fueron presentando diversos proyectos de ley para intentar revertir la normativa urbanística en sus barrios.
A fuerza de reclamos, los vecinos y vecinas lograron meter el tema en la agenda electoral en 2023 y este año consiguieron un primer buen paso: que el Ejecutivo enviara finalmente su proyecto a la Legislatura, algo que formalizó a principios de agosto. La iniciativa se debatió durante las últimas semanas en la Comisión de Planeamiento Urbano y el viernes pasado obtuvo dictamen de mayoría, aunque sin la firma de los bloques de la oposición como Unión por la Patria (UxP) o el Frente de Izquierda.
El oficialismo buscará aprobar la primera lectura en la próxima sesión, que podría ser convocada incluso para este jueves 26. Para esto, en la sesión del jueves pasado aprobó una moción de tratamiento preferencial que fija que la iniciativa deberá ser tratada la próxima vez que se vuelva a sesionar. Un vez aprobada la primera lectura, el proyecto deberá pasar por audiencia pública y luego retornar al recinto en busca de la sanción definitiva. La idea es que todos esos pasos lleguen a resolverse antes de fin de año.
El proyecto de ley diferencia la protección de lo que denomina como «identidad de los barrios» de la de los «corredores urbanos«, mayoritariamente conformado por avenidas. En este sentido, busca realizar «ajustes de alturas» al interior de los barrios para «priorizar las escalas» y «cuidar las zonas de baja densidad«. Esto, aseguran desde el GCBA, permitirá evitar «grandes saltos de altura» entre los barrios y los corredores. Técnicamente se lograría con la implementación de alturas máximas de entre 9 y 14 metros, así como la ampliación de los pulmones de manzana, que el anterior CUR habilitaba a ocupar casi por completo por los desarrollos.
Del otro lado, la oposición califica con una palabra a la discusión que se dio en las últimas semanas en el marco de la comisión: incompleta. Es cierto que el debate incluyó varias reuniones de diputados y de asesores, pero aseguran que un código de semejante envergadura hubiera requerido de varios meses de discusión. El actual CUR, sin ir más lejos, supera las 200 páginas sin contar sus anexos de más de 400 que estipulan, parcela por parcela, qué se puede y qué no se puede construir en cada punto de la ciudad. Desde la oposición plantean que el proyecto está solo centrado en criterios inmobiliarios, y que no prevé una planificación integral que incluya aspectos para abordar problemáticas como la habitacional o la escasez de espacios verdes.
«Hemos tenido un trabajo en comisión artículo por artículo porque estamos tratando de ser propositivos y de intentar que este sea un código con consenso, porque acá no hay un consenso para este código«, planteó sobre esto la diputada Claudia Neira, de UxP, durante la última reunión de comisión, en la que agregó que «es central que entre la primera y la segunda lectura se dé la discusión que se tendría que haber dado en las juntas comunales para subsanar el problema de la participación vecinal».
Su compañero de bancada, Matías Barroetaveña, pidió en el mismo sentido que «no ninguneen» la audiencia pública que deberá realizarse en el marco del procedimiento de doble lectura. «El Código que está hoy es malo y que lo estemos discutiendo es un triunfo de los vecinos, de la participación comunitaria, pero tenemos que tener responsabilidad de que lo que podamos modificar sea en beneficio de los vecinos«, agregó el legislador.
Las principales preocupaciones marcadas en las últimas semanas por las agrupaciones vecinales que expusieron en el marco de la comisión se pueden resumir en dos ejes: la aprobación de diversas figuras que podrían derivar en una mayor discrecionalidad en favor del Ejecutivo a la hora de decidir sobre las construcciones y el mantenimiento de la figura del «enrase«. Este último punto es uno de los más criticado por las organizaciones: permite que un desarrollador pueda construir hacia arriba igualando la altura máxima existente del edificio lindero, aun cuando este último exceda las alturas permitidas por la normativa vigente.
Aunque en el proyecto las alturas sí tienden a bajar en relación con los reclamos puntuales de los barrios que lo venían pidiendo, las agrupaciones también sostienen que no se prestó demasiada atención a los proyectos particulares que presentaron en los últimos años y reclaman que se les dé tratamiento formal. En un comunicado, pidieron «que el código no se apruebe sin haberlo discutido en las comunas y en los barrios» y «que se aprueben los proyectos de los barrios». El viernes pasado, en el marco de la firma del dictamen, realizaron una protesta frente a la Legislatura y volverán a hacerlo el día en que el proyecto se trate en el recinto.