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Un grupo de productores y técnicos firmó un documento crítico en contra de la regulación 2023/1115 de la Unión Europea, que desde el próximo año no permitirá el ingreso de carne, soja y otros productos que vengan de zonas deforestadas después del 31 de diciembre de 2020. El documento, abierto a más adherentes, logró por ahora la firma de Juan Balbín, Luis Villa, Armando Zavala, José Luis Tedesco y Santiago del Solar Dorrego. Se titula: “¿Qué consecuencias tiene para la Argentina aceptar la autoproclamación de la UE como sheriff ambiental y productivo global?”
“La doble vara de la burocracia de Bruselas parece estar a la orden del día, dado que mientras pretenden aplicar sus exigencias supuestamente a favor del ambiente en los sectores productivos agropecuarios de terceros países, también fomentan los coches eléctricos, cuya tecnología depende de la obtención de cobalto, incrementando así la presión de extracción en la República Democrática del Congo con impactos ambientales y sociales irreparables”, dijeron.
Indicaron que esa normativa tendrá impacto para la Argentina en dos de sus principales productos de exportación y sus derivados: la soja y el ganado bovino. “Es decir, según esta normativa los productores argentinos hartos ya de trabas y regulaciones del Estado nacional, ahora deberán rendirle cuentas además a la burocracia de Bruselas demostrando que la soja y la carne que producen y exportan no proviene de áreas deforestadas, y que cumplen con la legislación vigente”, indicaron.
Según remarcaron “la mayor parte de las producciones argentinas provienen de áreas en las que nunca hubo árboles y por lo tanto nunca fueron deforestadas. Por ello, aceptar esta regulación pasivamente no sólo incrementa la carga burocrática del sistema productivo, sino que además implica una posición de suma debilidad de soberanía para la Argentina”.
Para los firmantes del documento, Estados Unidos y Brasil “ya anunciaron que van a hacer caso omiso de la regulación europea” y “la Argentina debería poner en claro que de ningún modo va a degradar su status de nación libre y soberana, para acudir a la ventanilla de Bruselas a someterse al escrutinio de sus burócratas y su Agenda 2030″.
“Si calculamos la superficie nacional que puede ver afectada su soberanía por aceptar pasivamente esta regulación foránea, supera las 157 millones de hectáreas, equivalentes a más de 131 Islas Malvinas”, precisaron.
En opinión de los firmantes, “aceptar las condiciones de Europa posicionaría a nuestro país en una competencia desleal con nuestros pares, a costa del altísimo precio de ceder soberanía y de aceptar regulaciones y legislación extranjera que atenta contra el propio desarrollo, contra las libertades individuales y de empresa en nuestro país; cuando sería muchísimo más estratégico y beneficioso mantener una posición solidaria con Estados Unidos, Brasil y Uruguay”.
Entre otros puntos, también fustigaron la plataforma Visec y pidieron claridad al Gobierno. Sobre lo primero dijeron: “La normativa 2023/1115, de la Agenda 2030, baja a tierra en nuestro país a través de la Plataforma Visec y el Gobierno hasta ahora ha mantenido una posición colaborativa dado que consideran que se trata de un acuerdo entre privados; cuando en los hechos, esta plataforma constituye el vehículo del Parlamento Europeo para ejercer su propia legislación en nuestro territorio y en nuestros sistemas de información”.
Sobre el segundo aspecto consignaron: “Es mundialmente conocida la posición contraria a la Agenda 2030 y a las regulaciones estatales por parte del presidente Milei. Por ello, y en función de mantener una coherencia institucional y geopolítica, consideramos que el Gobierno Nacional debería revisar los acuerdos de colaboración que celebró con Visec a través de la exSecretaría de Bioeconomía, Senasa y AFIP, pretendiendo suministrar información sensible de los productores a un grupo de empresas, y a través de ellas a Estados foráneos”.
LA NACION