El ministro de Economía, Luis Caputo, decidió promover una cruzada contra las tasas municipales. Considera a ese instrumento de recaudación como una piedra en el camino del descenso inflacionario. El estandarte del ministro es la resolución 267/24 de la secretaría de Comercio que prohíbe incorporar en las boletas de luz y gas, el cobro de cargos ajenos a esos servicios. Por ejemplo, las tasas por alumbrado o por mantenimiento de la red de gas, que perciben las comunas.
Los intendentes del Gran Buenos Aires preparan sus pertrechos para contener la embestida. La estrategia incluye golpear la puerta de la Justicia, armar un scrum político de defensa y recurrir a cualquier instituto administrativo, para impedir esa restricción.
En el diseño de esa escudería se incorporó la Defensoría del Pueblo de la Provincia, que ya estudia la presentación de reclamos judiciales para apoyar la posición de los intendentes. Según dijeron a Clarín fuentes de esa repartición, los asesores legales elaborarían un modelo de “reclamo tipo” para que los alcaldes que pretendan resistir puedan llevar a los Tribunales.
Quien quiera usarlo, contaría con el respaldo de la defensoría. Ya hubo consulta de los alcaldes y reuniones informativas para evaluar la variante.
El municipio de Pilar hizo punta. Esta semana presentó en la Justicia Federal de Campana un recurso de amparo y consiguió una medida cautelar. Según argumentó la intendencia, la acción judicial busca «garantizar la capacidad recaudatoria de la comuna, y con ello la viabilidad del sistema de alumbrado público, el funcionamiento de los edificios públicos y el mantenimiento del sistema de vigilancia e inspección de las redes de gas del Partido de Pilar».
El dictamen del juez Adrián González Charvay, alude a los resguardos legales que tienen los distritos para incorporar esos cobros en las boletas. Remite a una ley provincial (la 10.740); la de Defensa del Consumidor y a prerrogativas de la Constitución provincial.
Deja sin efecto la disposición de Caputo, pero sólo de modo preliminar y acotado a esa jurisdicción.
Otros alcaldes buscan desplegar otros artificios para preservar un instrumento que consideran clave para el manejo de las ciudades. Es que la percepción de la “tasa de alumbrado público” en la liquidación de las distribuidoras implica un “win-win” (ganancia para ambas partes): los jefes comunales garantizan que los vecinos estén al día con ese gravamen y las empresas se aseguran la percepción de las facturas millonarias que generan las intendencias todos los meses por la iluminación de edificios públicos, calles y avenidas.
«El conurbano se va a quedar a oscuras», advirtió Gastón Granados (intendente de Ezeiza) en diálogo con Clarín Zonal. Explicó que su distrito (con menor población que los demás de la región) hay 38 mil luminarias que, con la resolución 267, tendrían que ser apagadas. «El gobierno nacional va a ser responsable del aumento de la inseguridad y va a afectar al vecino de forma directa», anticipó.
Sobre esa argumentación, se sostendría la presentación de la Defensoría del Pueblo. “Se registra una clara afectación hacia los municipios y por lo tanto hacia los vecinos de la provincia que verían recortado un servicio básico para la comunidad”, explicó uno de los asesores legales del organismo que conduce Guido Lorenzino.
Los alcaldes peronistas del Conurbano (20 de 24) también concentraron reclamos en la Federación Argentina de Municipios (FAM), tradicional trinchera que se puede utilizar como dique de contención política.
En la Gobernación tienen de aliado a Axel Kicillof. La Provincia ya anticipó que la prohibición no aplica para los distritos que están con concesiones administradas por el gobierno bonaernse. El Organo de Control de la Energía de Buenos Aires (Oceba) aclaró –pocas horas después de la resolución de “Toto” Caputo- que las firmas Eden, Edes, Edea y Edelap, igual que las 200 cooperativas que proveen de energía eléctrica al interior no están alcanzados por la decisión de Economía.
“Existe una ley de la Legislatura provincial que habilita el cobro de la tasa de alumbrado a través de las compañías de distribución. Una resolución ministerial no puede estar por encima de una Ley», dijo Diego Rozengardt, presidente del Oceba. El gobernador marcó los límites de la cancha donde se juega esta disputa.
Ese ordenamiento legal aplica a más de un centenar de municipios donde están registrados 2,5 millones de clientes.
Para otros 6 millones de usuarios del Gran Buenos Aires rigen las normas que dicta el Enre. “Ese organismo estaría por dictar una medida en línea con la psotura de Caputo. Es una batalla perdida”, se lamenta un intendente que aún estudia variantes legales para afrontar el conflicto.
Para la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, el planteo es claro: «buscan castigar a los municipios impidiéndonos cobrar lo que nos permite tener las calles iluminadas», declaró en las últimas horas. Cerca de la jefa comunal sugieren que «la resolución demuestra un profundo desconocimiento de lo que ocurre en los municipios”. Aclararon que en esa comuna del sur, los contribuyentes tienen la opción de pagar la luz, sin abonar la tasa de alumbrado.
Los alcaldes que mantienen un perfil más cercano al oficialismo optaron por otra via. En Tres de Febero, Diego Valenzuela (Pro) decidió retirar la “tasa de alumbrado público” de la boleta de Edenor. “La cobramos junto con la factura municipal. Pero ya no se le impone al vecino con su servicio eléctrico”, confirmó el intendente a Clarín.
Valenzuela ya había resuelto eliminar la “tasa vial” que cobran 19 comunas del GBA como adicional por litro de nafta. “Comprendemos el criterio del Gobierno Nacional de que no se deben mezclar los conceptos de las facturas. Por eso lo sacamos”, agrego el jefe del distrito del oeste.
En Vicente López (otro distrito Pro) dijeron que no tienen previsto accionar en la Justicia. El distrito que gobierna Soledad Martínez dijo que adoptarán “todas las medidas que ayuden a hacer más transparente el cobro de las contribuciones”.