CÓRDOBA.- En dos megacausas judiciales se investigan las extorsiones por los planes sociales por parte de líderes piqueteros. Entre enero y abril de este año, el gobierno de Javier Milei destinó unos US$1.200 millones a la Tarjeta Alimentaria y a Potenciar Trabajo, los dos principales programas sociales. La falta de crecimiento de la economía es el principal determinante de los altos niveles de pobreza (48,9% en el último semestre, según la Universidad Di Tella), pero la red de protección social “está diseñada para que los más vulnerables no caigan del todo, no para empujar”. Andrés Schipani, investigador en el Instituto Universitario CIAS que conduce el sacerdote Rodrigo Zarazaga, define: “Es una buena red pero un mal trampolín. Si la economía cae, frena, pero si creciera, no potencia el ascenso”.
Schipani y Lara Forlino son los responsables del “mapa de las políticas sociales en la Argentina”, un documento escrito del Instituto Universitario CIAS y Fundar. El trabajo da cuenta que el número de beneficios otorgados de asistencia social se multiplicó por cuatro entre 2002, cuando existían 3.509.493 y 2022: 13.664.392. En los últimos años, insisten los autores, no hubo un “rol transformador” de estas políticas que mostraron “limitaciones importantes” en su capacidad de mejorar las condiciones estructurales de las personas más humildes.
Las políticas sociales en vigencia, dice Schipani a LA NACION, no están diseñadas “para promover la movilidad social ascendente y permitir a las familias escapar de la pobreza estructural, pasar de un empleo informal a otro formal y hasta escalar de clase social”. Si bien el documento analiza los números hasta el 2022, el investigador precisa que la tendencia “se mantiene: caída de las jubilaciones, aumento de la atención de niños, poca atención de los jóvenes”.
Señala que no se mide el impacto real de la mayoría de los programas sociales; la excepción es la Asignación Universal por Hijo (AUH), lo que es un problema a solucionar. Por otro lado, ratifica que la política social “no está pensada para potenciar la movilidad, la integración. Falta inversión para que los jóvenes estudien, para entrenar a los trabajadores informales para que puedan pasar a la formalidad; esos elementos centrales no están”. Schipani advierte que durante la gestión de Alberto Fernández se agravó el fenómeno de la informalidad: “Hubo un mercado de trabajo con baja desocupación, pero todo lo que mejoró fue por informalidad”.
Del documento se desprende que mientras la cantidad de beneficiarios de ayuda social creció entre 2002 y 2022, los montos reales que reciben siguió la tendencia inversa. La única excepción la constituyen las asignaciones familiares, por la fusión AUH y Tarjeta Alimentar. En ese contexto, los niños parecen haber sido los únicos favorecidos en términos de lo que reciben.
Mientras que en 2009 por cada peso destinado a niños pobres se invertían $7,24 en adultos mayores, con la creación de la Tarjeta Alimentar en 2020 aumentó la inversión en los más chicos y la relación es de 1 a $2,6. Una situación inversa se registra con los jubilados y pensionados, quienes desde 2017 ven recortados sus ingresos.
Para Schipani y Forlino, otro punto “preocupante” es la “escasa inversión en políticas de promoción del trabajo formal”, un problema que se viene agravando con el paso de los años. En 2015 se invertían $2,5 en planes de cooperativas por cada peso destinado a promover el empleo formal, ese ratio fue de $17,45 en 2022. “No cambió en 2023 -indica el investigador-. Las cooperativas por sí no formalizan. Una futura reforma del sistema debería no sólo aumentar la inversión destinada a la promoción y preservación del trabajo formal, sino también rediseñar algunos de estos planes para facilitar el paso a la formalidad”.
Del mapa de políticas sociales surge que los jóvenes de entre 18 y 24 años es una de las categorías etarias con menor inversión específica. Las dos principales vías para que mejoren sus chances de salir de salir de la pobreza es a través de la educación y del trabajo formal.
“Los jóvenes de ingreso más bajo necesitan un complemento monetario para poder finalizar sus estudios -puntualiza el documento-. Los montos reales de las becas Progresar fueron disminuyendo y es difícil que puedan sostenerse”. La tasa de asistencia escolar es del 87% para los jóvenes de 15 a 17 años de menores ingresos y de 99,8% para los de mayores ingresos. Respecto de la inserción laboral de ese grupo, el reporte da cuenta de que la tasa de desocupación multiplica por casi 2,3 la general. Ese segmento hoy “no tiene un conjunto de políticas públicas específicas destinadas a fomentar su integración social. Esta es una etapa crítica en el desarrollo y un momento en el cual muchas personas definen sus trayectorias laborales. En un contexto de pobreza creciente, creemos necesario un apoyo más activo del Estado”.